Mientras el Municipio presume obras, los tribunales concluyeron que el mecanismo violó la ley y derivó en sanciones por desvío de recursos públicos.
Ciudad Juárez, Chih.— Lo que durante años fue presentado como una innovadora herramienta para impulsar el desarrollo de la ciudad hoy enfrenta uno de los mayores cuestionamientos jurídicos y políticos de los últimos años.
Las Transferencias de Potencial Urbano (TPU), mecanismo mediante el cual desarrolladores sustituían áreas de donación por obras de infraestructura, terminaron en los tribunales.
Y el resultado no fue menor.
La justicia federal declaró inconstitucional parte del esquema utilizado por el Municipio, obligándolo a modificar su reglamento. Paralelamente, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa determinó que diversas autorizaciones constituyeron una falta administrativa grave por desvío de recursos públicos, al considerar que el Ayuntamiento dejó de recibir patrimonio que legalmente debía incorporarse a la ciudad.
Las consecuencias ya alcanzaron a exfuncionarios, con la inhabilitación de cuatro exregidores que participaron en esas autorizaciones.
45 proyectos… solo 18 obras
Mientras tanto, información oficial presentada al Cabildo revela otra cifra que abre nuevas interrogantes.
Entre enero de 2024 y noviembre de 2025 el Municipio recibió 45 solicitudes para ejecutar obras mediante Transferencias de Potencial Urbano.
Sin embargo, únicamente 18 fueron concluidas.
Las demás permanecen pendientes, suspendidas, en revisión o simplemente no han sido ejecutadas.
La pregunta resulta inevitable:
¿Dónde está el resto del dinero comprometido?
¿Cuánto perdió realmente Juárez?
El verdadero problema no es solamente cuántas obras existen.
El fondo del asunto consiste en determinar cuánto patrimonio dejó de recibir Ciudad Juárez.
Cada terreno que dejó de incorporarse al patrimonio municipal representaba espacio potencial para:
- parques;
- escuelas;
- centros comunitarios;
- estaciones de policía;
- áreas deportivas;
- equipamiento urbano para futuras generaciones.
Cuando esos terrenos fueron sustituidos por otros mecanismos, la ciudad dejó de recibir activos públicos cuyo valor económico puede representar cientos de millones de pesos.
Por ello, los tribunales consideraron que las autorizaciones irregulares no fueron simples errores administrativos, sino conductas que ameritaron sanciones por desvío de recursos públicos.
La transparencia sigue pendiente
Hasta hoy no existe un informe público que detalle con claridad:
- cuánto dinero ingresó por cada TPU;
- cuánto costó cada obra;
- qué desarrolladores participaron;
- qué proyectos siguen pendientes;
- y cuál es el saldo económico total para la ciudad.
Sin esa información, resulta imposible que los juarenses conozcan la verdadera dimensión del impacto que tuvo este mecanismo sobre el patrimonio municipal.
Cuando la justicia habla…
Durante años se defendió el esquema asegurando que beneficiaba al desarrollo urbano.
Hoy existen resoluciones judiciales que dicen exactamente lo contrario.
Y aunque aún quedan procedimientos pendientes, una cosa es evidente: el tema de las Transferencias de Potencial Urbano ha dejado de ser una discusión técnica para convertirse en un asunto de interés público y de rendición de cuentas.
Porque cuando los tribunales hablan de inconstitucionalidad, de patrimonio público y de desvío de recursos, la discusión ya no gira únicamente alrededor de urbanismo, sino del manejo de los bienes que pertenecen a todos los juarenses.
Y en una ciudad que se prepara para un nuevo proceso electoral, la aparición de estos expedientes, resoluciones y cuestionamientos inevitablemente alimenta el debate político.
En época de elecciones, cada revelación adquiere una dimensión distinta. Que coincidan los tiempos judiciales y los tiempos políticos puede influir en la conversación pública; si esa coincidencia es fortuita o significativa, será algo que los ciudadanos deberán valorar por sí mismos.
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